Buenos Aires (Argentina).- Dos certezas había anoche sobre el proyecto de ley que regula la actividad de la medicina prepaga en la Argentina: que llegará esta tarde o mañana al recinto del Senado y que así no perderá estado parlamentario, como se temía. Es decir que, o se convierte en ley porque se aprueba sin modificaciones la sanción de Diputados (resistida por las empresas del sector), o la Cámara Alta le introduce modificaciones y lo pasa otra vez a la consideración de la Cámara Baja. Eso fue lo que acordaron ayer en un plenario de comisiones el kirchnerismo y la oposición.

Pero también ayer se produjo una virtual fractura del bloque de la UCR que complicó un arreglo preliminar realizado entre el jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, y el radical, Gerardo Morales. Anoche el radicalismo decidió que lo más conveniente es discutir “todo hoy”, tanto los temas conflictivos (superpoderes, DNU y Consejo de la Magistratura) como los no conflictivos, entre ellos la medicina prepaga.

Pero si el río no se sale de madre en la sesión de esta tarde, la voluntad de todos los bloques es discutir, hoy o mañana, cómo regular a las empresas privadas que prestan servicios de salud. Lo contrario sería empezar de cero, porque si noviembre se va de largo el proyecto pierde estado parlamentario, debido a que ya pasaron dos años desde que Diputados lo sancionó el 27 de agosto de 2008.

En cuanto al debate, tampoco está claro qué hará el bloque K, ya que el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, pidió la semana pasada que se hagan algunas modificaciones a la norma, por caso que la autoridad de aplicación sea su Ministerio y no la Secretaría de Comercio, como dice lo aprobado en la Cámara Baja. Manzur solicitó además que se contemple el reclamo de las mutuales y cooperativas para que no sean alcanzados por esta ley.

El radicalismo, por su parte, está de acuerdo con estos dos pedidos del ministro, pero por intermedio del presidente de la comisión de Salud, solicitará que la inversión anual en recursos de salud de las prepagas salga del promedio de facturación de los últimos 12 meses. En cambio, la sanción de Diputados plantea que el 100 por ciento de la facturación anual se destine a inversión.

En lo que sí todos los bloques coinciden es en regular el servicio a 4,5 millones de afiliados que brindan las prepagas, la mitad de ellos provenientes de sindicatos.

Cano admitió, además, que el proyecto tiene “artículos complicados”, que generan rechazo en las empresas del sector. Cuestionan el artículo 10, que señala que las enfermedades preexistentes pueden establecerse mediante declaración jurada y otros medios complementarios y no podrán ser tenidas en cuenta a los efectos de rechazar la afiliación de los usuarios.

Otro de los artículos controvertidos es el 22, que estipula la obligación de las prepagas de mantener el 50% de su capital en una “reserva técnica” que garantice las prestaciones y el otro 50% ciento en instrumentos financieros.

Esta controversia llevó a Claudio Belocopitt, titular de la Cámara que agrupa a las empresas del sector, a afirmar que el proyecto “pone en riesgo la existencia de las empresas y atenta contra el servicio de salud”.  “De aprobarse sin modificaciones dicha propuesta, asistiremos a la quiebra inmediata del sistema”, manifestó la semana pasada Claudio Belocopitt, vicepresidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara) y titular de Swiss Medical.

La iniciativa obliga a las empresas de medicina prepaga a tener planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad. Los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud y los usuarios pueden rescindirlos en cualquier momento sin limitación y sin penalidad.

También establece que la edad no puede ser criterio de rechazo de admisión y que a los mayores de 65 años con diez años de antigüedad en la cobertura no se les puede aumentar la cuota.

Las asociaciones de consumidores reclamaron en todo este tiempo la necesidad de aprobar la ley. “Estuvo dos años cajoneada. Ahora nuestro gran deseo es que la traten”, confió el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Horacio Bersten.

- Los tres puntos más discutidos