Montevideo (Uruguay).- Antes de los que muchos pensaban (en ocasiones anteriores los debates se habían extendido hasta la noche e inclusive hasta altas horas de la madrugada), y tras poco más de cinco horas de debate, 17 senadores a favor, sobre 31, dieron el sí y, de esta forma, la iniciativa -que con 50 votos a favor y 49 en contra también había sido aprobada en diputados el pasado 25 de septiembre-, pasará ahora al poder ejecutivo para su promulgación, pero ya se sabe que se convertirá en ley, porque el presidente José Mujica hace tiempo dijo que acompañará las decisiones de los legisladores.

La aprobación de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, cuyo proceso fue seguido con particular atención por la ciudadanía por considerarlo de singular importancia para la sociedad en su conjunto (aunque en la prensa, en estas últimas jornadas, quedó opacado por los partidos de la selección uruguaya en las eliminatorias y por los muchos vaivenes que viene teniendo la venta de los aviones de Pluna), llevó gran alegría a filas de los distintos sectores de la izquierda, que siempre estuvieron a favor del aborto legal, y en particular a las organizaciones vinculadas a la mujer, que hace muchos años vienen peleando por esto.

La nueva ley, que coloca a Uruguay entre los países pioneros en Latinoamérica en esta materia, despenalizará el aborto hasta la semana 12 de gestación, aunque para algunas organizaciones civiles no solo es insuficiente sino que en algunos casos resulta un retroceso.

Según la Coordinadora General CNS Mujeres, con la futura normativa "no se despenaliza" realmente el aborto, "sino que se suspende la aplicación de la pena en determinadas circunstancias y condiciones".

El proyecto, fruto de una promesa electoral del partido gobernante, el izquierdista Frente Amplio, establece que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que acudir a un médico que las derivará a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán. Luego tendrán cinco días para reflexionar, tras los cuales podrá iniciar el procedimiento con su médico en un centro público o privado.

Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales.

En Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos ilegales, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan ONGs.

La nueva ley dejará sin efecto a la vieja norma de 1938 que penaliza con entre tres y nueve meses de prisión a la mujer que se practique un aborto y de seis a 24 meses de cárcel para quien lo practique.

Cabe recordar que a fines de 2008, un proyecto que en líneas generales era bastante similar al actual, fue aprobado por ambas cámaras, pero la ley no entró en vigor ya que fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez, decisión que produjo un fuerte sacudón en filas de la izquierda uruguaya.