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Fertilización asistida. Fallos judiciales a favor y en contra de obras sociales y prepagas.
10/2/2010

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La Justicia no se pone de acuerdo sobre la cobertura. Las contradicciones se producen porque falta una ley.

Buenos Aires (Argentina).- Una Cámara porteña dijo que la obra social no debe cubrir los gastos de una fertilización asistida. Y otra de Mar del Plata falló en sentido contrario.

Ante la falta de una ley que regule los tratamientos de fertilización asistida, las parejas con problemas de esterilidad recurren a la Justicia, en especial para que las obras sociales y las prepagas cubran esas prácticas. Y ante la falta de esa ley, los jueces toman decisiones diferentes. Eso sí, en sus fallos, casi todos exhortan a los legisladores a cubrir el vacío normativo.

En Mar del Plata, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al recurso de amparo de un matrimonio para someterse a un tratamiento por ovodonación a través de su obra social. Pero en la Capital, la Cámara en lo Civil y Comercial rechazó un pedido idéntico porque, si bien la imposibilidad de procrear "es una limitación que puede afectar de manera real y efectiva la calidad de vida y salud psíquica de una pareja", según la legislación vigente, los agentes del seguro de salud no están obligados a prestaciones como la reclamada.

- De un lado y del otro, los argumentos han ido cambiando

Hasta 2004, si la concepción había sido asistida, las obras sociales y prepagas ni siquiera atendían el embarazo, ni el parto, ni la salud o enfermedad del recién nacido hasta el primer año de vida. "Esa aberración, por suerte no existe más, porque hubo fallos judiciales en contra", recuerda el doctor Claudio Chillik, del CEGYR.

En los últimos años, decenas de parejas recurrieron a la Justicia para acceder a tratamientos, y/o para que su obra social les reconociera los gastos de los ya realizados. Prepagas y obras sociales suelen esgrimir que la esterilidad no es una enfermedad. "Si se consideran todas las definiciones de enfermedad y de salud, no cabe duda de que es una enfermedad que afecta a dos personas", recalca Chillik.

"No es sólo una enfermedad, sino también el derecho a poder tener familia. Además, está la Ley de Salud Sexual y Reproductiva", asiente el doctor Jorge Leguiza, gerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Es la que hace cumplir el Plan Médico Obligatorio (PMO), que incluye diagnósticos, tratamientos con medicamentos contra la infertilidad, y microcirugía tubaria, pero no prácticas in vitro. "No están normatizadas -alega Leguiza-. ¿Quién protege a los embriones? Habría que normalizarlas e incluir la cobertura en situaciones particulares".

El fallo porteño que deniega el pedido de la pareja reconoce que "la ley no ha avanzado a la par que el desarrollo de la ciencia médica, y no contempla en ninguna de sus normas la cobertura de tratamientos de fecundación in vitro". "Ese error o negligencia legislativa jamás puede pesar sobre las familias, las mujeres, los esposos; para eso está la vía judicial. La tarea del juez es adecuar las leyes al caso particular", acota la abogada chaqueña Carolina Mosqueda, quien ha patrocinado a varias parejas.

"No estamos obligados y nos atenemos a eso -sostiene Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de CIMARA, la cámara que nuclea a las principales empresas de medicina privada-. Claro que eso puede cambiar; pero cuando se sanciona una ley, hay que establecer si los recursos dan para esa prioridad y cuánto va a costar, para medir el impacto. ¿Mi madre tiene 86 años y va a tener que pagar su cuota por la fertilidad? Hay que corregir cosas, antes que revolear leyes para cualquier lado".

Según Chillik, la falta de normativa "permite que algunos decidan no cubrir, y que otros no trabajen de la mejor manera. Venimos teniendo reuniones hace 15 años en el Congreso para lograr una ley que regule las prácticas".

La doctora Mosqueda, quien también asesora a obras sociales, apunta que "la ley tiene que ir acompañada por un presupuesto: para las obras sociales es difícil cubrir este tipo de tratamientos, que son carísimos".

"Estamos estudiando el caso y no son extremadamente costosos -considera Leguiza-. Si fueran más masivos, los costos bajarían. El 15% de la población tiene problemas de esterilidad, pero sólo el 1% necesita estas prácticas". Entretanto, recuerda Chillik, "sólo los que tienen dinero pueden tener un hijo con estas técnicas".

- Un problema caro y de muchos
 
Fecundación in vitro. Es el paso siguiente a la ovodonación. La técnica se aplicó por primera vez a fines de los ' 70. La primera bebé nacida con este procedimiento, en 1978, fue la británica Louise Brown.

15.000 pesos cuesta un tratamiento de fecundación in vitro. Por año, se hacen 8.000 tratamientos anuales de fertilización asistida.

100 bebés por mes nacen con óvulos donados. En algunos casos es por enfermedad. En otros, porque son mujeres fuera de la edad fértil que buscan un bebé.

15 por ciento de las parejas en edad fértil presentan problemas de fertilidad, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud.
 
- Antecedentes judiciales
 
= En noviembre del año pasado, la jueza porteña Elena Liberatori ordenó a la Obra Social Ciudad de Buenos Aires (Ob.SBA) a cubrir el tratamiento de fertilización asistida de Marisa y Marcela, una pareja de lesbianas que quería tener un hijo en común.

= Ese mismo mes, un tribunal de Mar del Plata ratificó que una obra social debía asistir a una afiliada de 40 años. Sin embargo, dijo que sólo podrían hacerse hasta cuatro intentos del tratamiento, y mientras la mujer no superara los 42 años.

= En julio de 2009, la Justicia entrerriana ordenó al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos a cubrir el tratamiento de una pareja. Dispuso que la obra social debía solventar el 60% de los costos en forma directa y el resto con un crédito asistencial.

= En enero de 2009, una jueza de San Martín decidió que la empresa OSDE reintegrara a una mujer los costos de un tratamiento in vitro.
 
- Hay dos excepciones
 
Desde el 1° de enero, la Administración Provincial de Seguros de Salud (APROSS), que nuclea a los empleados públicos de Córdoba, cubre el 100% de todas las prácticas de baja y alta complejidad de fertilización asistida. Así lo establece una ley provincial aprobada por unanimidad en noviembre. Para eso, APROSS incluyó una partida especial en el presupuesto de 2010. Es la primera obra social provincial en tomar esta decisión.

A fin de año, el Instituto Obra Social de Entre Ríos decidió cubrir hasta el 60% de los tratamientos y ofrecer la financiación del 40% restante. La medida fue tomada tras un fallo desfavorable, y con varias demandas más a la espera de sentencia.


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